La Argentina solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos una prórroga de 30 días para responder al recurso presentado por los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF. El pedido busca ampliar el plazo para que el Estado presente sus argumentos contra la solicitud de revisión impulsada por los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital.

Con la extensión solicitada, el Gobierno tendría tiempo hasta el 2 de diciembre para presentar su respuesta. La modificación del calendario aleja las posibilidades de que el máximo tribunal estadounidense tome una decisión antes de fin de año, aunque todavía debe resolver si acepta el pedido de prórroga.

El planteo argentino se produjo después de que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizara la anulación de la condena por US$16.100 millones que pesaba sobre el país. La magistrada acató así el fallo de la Cámara de Apelaciones, que en marzo había revocado la sentencia de primera instancia y dejado sin efecto la indemnización.

El litigio se originó en la nacionalización del 51% de YPF, concretada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Los demandantes sostienen que el Estado argentino incumplió las obligaciones relacionadas con los accionistas minoritarios al realizar la expropiación sin una oferta pública de adquisición. En septiembre de 2023, Preska había fallado a favor de los fondos y ordenado el pago de una suma millonaria.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revirtió esa decisión y consideró que el caso debía resolverse teniendo en cuenta el derecho argentino. Los demandantes ahora buscan que la Corte Suprema revise ese fallo y restablezca la condena original. La presentación no obliga al máximo tribunal a intervenir: sus jueces deben decidir primero si aceptan analizar el expediente.

Especialistas que siguen el caso señalaron que el pedido argentino de prórroga es un trámite habitual, ya que los demandantes también habían solicitado más tiempo para presentar su recurso. Por eso, la extensión no implica por sí misma un cambio en la estrategia judicial ni anticipa el resultado final del proceso.

Aunque la anulación de la condena representa un avance favorable para el Estado argentino, el juicio todavía no terminó definitivamente. Si la Corte Suprema rechaza el pedido de revisión, quedará vigente el fallo favorable al país. Si decide aceptar el caso, se abrirá una nueva etapa judicial para determinar si corresponde restablecer la indemnización millonaria.