La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que introduce cambios en los procedimientos de desalojo, establece nuevas condiciones para las expropiaciones estatales y restituye las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La propuesta obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones.
Uno de los principales puntos de la reforma es la agilización de los desalojos de inmuebles urbanos y rurales. El proyecto establece que estos procesos se tramiten mediante juicios sumarísimos, un procedimiento más breve que el ordinario. En los casos de falta de pago del alquiler de una vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda.
La iniciativa también contempla la posibilidad de solicitar la restitución inmediata del inmueble ante determinadas situaciones, como la falta de pago o el vencimiento del contrato. Sin embargo, incorpora mecanismos de intervención judicial para identificar a los ocupantes y dar participación a los organismos correspondientes cuando haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. Esa intervención no suspenderá el proceso de desalojo.
Otro eje central es la modificación de la Ley de Expropiaciones. El texto establece requisitos más estrictos para que el Estado pueda disponer de bienes privados por razones de utilidad pública y determina que la indemnización debe calcularse sobre el valor del inmueble, con actualización e intereses según los criterios previstos en la norma. Además, incorpora el lucro cesante entre los conceptos que pueden ser compensados y establece que el Estado deberá pagar la indemnización antes de transferir el dominio del bien.
Durante el tratamiento legislativo, el oficialismo también aceptó mantener vigente la Ley de Tierras Rurales de 2011, que limita al 15% la titularidad extranjera de tierras rurales. Para ello, el proyecto aprobado deja sin efecto la derogación de esa norma dispuesta mediante el DNU 70/2023. La incorporación de este punto fue parte de los acuerdos con bloques aliados para reunir los votos necesarios.
La reforma incluye, además, cambios en el Registro de la Propiedad Inmueble, con el objetivo de modernizar los procedimientos mediante herramientas digitales, documentos electrónicos y firma digital. El Gobierno sostiene que estas modificaciones permitirán fortalecer la seguridad jurídica y agilizar los trámites vinculados con los inmuebles.
Aunque el proyecto consiguió la aprobación de la Cámara baja, todavía no se convirtió en ley. Como Diputados introdujo modificaciones al texto que había recibido media sanción del Senado en agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión y eventual sanción definitiva.
