La postergación por 120 días de las nuevas restricciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al comercio fronterizo no logró conformar a todos los sectores afectados en el norte de Salta. Arca Camacho advirtió que la prórroga resulta insuficiente y reclamó revisar las disposiciones que modifican el régimen de tráfico vecinal fronterizo.

El planteo se da en medio de la preocupación de comerciantes y trabajadores de localidades como Salvador Mazza y Aguas Blancas, donde el intercambio de mercaderías con Bolivia tiene un peso importante en la actividad económica. Los sectores afectados sostienen que las nuevas condiciones pueden perjudicar las ventas y complicar el trabajo de quienes dependen del movimiento comercial en la frontera.

Las modificaciones impulsadas por ARCA establecen condiciones para el traslado de mercaderías bajo el régimen simplificado. Entre los puntos cuestionados se encuentra el límite de 150 dólares diarios por persona y las restricciones para determinados productos, incluidos granos y mercaderías transportadas en envases de 10 kilos o más.

Aunque la suspensión temporal abre un período para discutir posibles cambios, Camacho consideró que el problema requiere una revisión más profunda. El reclamo apunta a que las autoridades nacionales contemplen las particularidades económicas y sociales de las comunidades fronterizas, sin dejar de lado los controles necesarios para combatir el contrabando.

La situación también motivó gestiones del Gobierno provincial y de los municipios afectados. El gobernador Gustavo Sáenz había solicitado formalmente a ARCA y a la Dirección General de Aduanas que revisaran las modificaciones para evitar consecuencias negativas sobre el comercio legal. Además, los municipios de Aguas Blancas y Salvador Mazza acudieron a la Justicia Federal para pedir la suspensión de las medidas.

Durante los 120 días de prórroga, se prevé abrir mesas de trabajo para analizar la situación y debatir posibles alternativas. Sin embargo, el reclamo continúa centrado en la necesidad de encontrar una solución duradera que permita fortalecer los controles aduaneros sin perjudicar la economía de las localidades del norte salteño.