La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados, tras reunir 60 firmas sobre un total de 104 legisladores presentes. La iniciativa recibió el respaldo del PRO, la UCR y otros bloques aliados, mientras que Unión por la Patria presentó un dictamen propio y el Frente de Izquierda rechazó la propuesta.
El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei busca establecer sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en áreas vinculadas con las Islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes. Además, incluye modificaciones en materia de defensa, seguridad nacional y mecanismos de control parlamentario.
El debate estuvo marcado por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Desde Unión por la Patria cuestionaron el procedimiento utilizado para avanzar con el dictamen y reclamaron mayor tiempo para analizar las modificaciones incorporadas al texto. También advirtieron sobre posibles consecuencias para la política histórica argentina en relación con la soberanía sobre Malvinas.
Las negociaciones con los bloques aliados obligaron al oficialismo a introducir cambios en la propuesta original. Entre las modificaciones se incluyeron límites a las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, la creación de una comisión bicameral de seguimiento y precisiones sobre las sanciones aplicables a empresas y personas involucradas en actividades consideradas ilegales.
Otro de los puntos que generó controversia fue la regulación de las campañas de injerencia extranjera. La nueva redacción reemplaza la referencia a la “desinformación masiva” por una figura vinculada con acciones clandestinas, engañosas o ilícitas. El texto también excluye expresamente actividades como el periodismo, la investigación académica y la actividad diplomática legítima.
Desde el oficialismo defendieron los cambios y sostuvieron que buscan fortalecer las herramientas del Estado para proteger los recursos nacionales, con garantías y mecanismos de control. En cambio, legisladores opositores cuestionaron el alcance de algunas disposiciones y advirtieron sobre posibles riesgos institucionales y constitucionales.
Con el dictamen de mayoría, el proyecto quedó habilitado para ser tratado en el recinto. El Gobierno apunta a llevarlo al debate parlamentario el 12 de noviembre, aunque todavía deberá sostener los acuerdos con sus aliados para conseguir los votos necesarios durante la votación.
