El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó una resolución inmediata sobre el pedido de Cristina Kirchner para revisar las consecuencias de su condena en la causa Vialidad. El organismo aclaró que todavía no decidió si admitirá las presentaciones de la defensa y advirtió que, si avanza con el expediente, una definición podría demorar varios años.
La respuesta llegó luego de una consulta de la agencia EFE. Desde el comité explicaron que el volumen de casos pendientes hace que tanto la evaluación inicial de admisibilidad como el análisis de fondo puedan extenderse durante un período prolongado. Por ese motivo, remarcaron que una decisión sobre el caso de la expresidenta no es inminente.
La defensa de Cristina Kirchner, integrada por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, presentó distintos planteos ante el organismo internacional. Entre ellos, solicitó suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, revisar las condiciones de la prisión domiciliaria y cuestionó la integración actual de la Corte Suprema argentina.
Además, los abogados ampliaron la presentación con nuevos argumentos. Según explicaron, incorporaron documentación de la causa Cuadernos que, a su entender, contradice un punto central de la condena en Vialidad. También denunciaron presuntos actos de intimidación y cuestionaron la difusión de imágenes del allanamiento realizado en el domicilio de la exmandataria.
El Comité de Derechos Humanos está integrado por expertos independientes y supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para que una denuncia sea examinada, debe superar una instancia de admisibilidad y, como regla general, cumplir con el requisito de haber agotado las vías judiciales disponibles en el país, aunque existen excepciones.
Mientras tanto, Cristina Kirchner continúa cumpliendo una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Una eventual intervención del comité no implicaría por sí sola la anulación de la sentencia, y sus decisiones no tienen carácter vinculante.
