El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo marco operativo para implementar el sistema de acceso abierto en la red ferroviaria de cargas, en un intento por destrabar el proceso de privatización del Belgrano Cargas. La medida fue establecida mediante la Resolución 1984 del Ministerio de Economía y determina las condiciones que deberán cumplir los operadores privados para utilizar las vías ferroviarias.
La reglamentación llega después de que el Grupo México, uno de los principales interesados en participar de la licitación, decidiera retirarse del proceso a fines de octubre. La compañía había proyectado inversiones por unos 3.000 millones de dólares y cuestionó la falta de precisiones sobre el funcionamiento del sistema de acceso abierto.
La salida del grupo internacional generó incertidumbre entre los demás interesados y llevó al Gobierno a modificar el cronograma de la licitación. En consecuencia, la apertura de los sobres con las ofertas, que inicialmente estaba prevista para el 11 de noviembre, fue postergada para el 21 de diciembre.
El nuevo reglamento establece las condiciones para que diferentes empresas puedan utilizar una misma infraestructura ferroviaria, independientemente de quién tenga a su cargo su administración. Entre otros aspectos, fija procedimientos para solicitar el acceso, asignar horarios de circulación y determinar la capacidad disponible en cada tramo.
Uno de los puntos centrales es que los administradores de las vías tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles administrativos para aprobar o rechazar las solicitudes de nuevos operadores. Además, la normativa establece criterios para evitar tratos discriminatorios y garantizar condiciones equitativas entre las empresas que utilicen la red.
También se definieron las condiciones económicas vinculadas al uso de la infraestructura. Los peajes contemplarán el derecho de paso, la reserva de capacidad y determinados servicios obligatorios, como la gestión de circulación y el acceso a instalaciones ferroviarias. En cambio, prestaciones adicionales, como la carga de combustible y las reparaciones menores, podrán tener precios acordados entre las partes.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las disposiciones y deberá establecer un régimen de sanciones y multas ante posibles incumplimientos. La resolución también contempla mecanismos para impedir que los administradores favorezcan a empresas de sus propios grupos económicos.
La privatización comprende las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, que suman 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias. El esquema contempla concesiones por 50 años y la separación de las actividades vinculadas con la infraestructura, los trenes y los talleres ferroviarios.
Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca brindar mayor previsibilidad a las empresas interesadas y sostener el proceso de concesión. La próxima fecha clave será el 21 de diciembre, cuando está prevista la presentación y apertura de las ofertas.











