El empresario Lázaro Báez fue imputado por presuntamente liderar una organización dedicada al lavado de activos que habría operado bajo sus directivas desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple una condena de 15 años de prisión. La acusación fue formalizada por la Unidad Fiscal de Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en el marco de una investigación sobre la administración de bienes alcanzados por medidas judiciales.
La causa investiga movimientos de dinero estimados en 390.880.000 pesos y alcanza a diez personas, incluido Báez. Según la hipótesis fiscal, el empresario habría utilizado a su entorno cercano para continuar explotando propiedades y empresas que estaban sujetas a decomisos, embargos o controles judiciales. Para ello, presuntamente impartía instrucciones telefónicas desde el penal y coordinaba las operaciones mediante personas de su confianza.
Entre los bienes bajo investigación aparecen distintas estancias de Santa Cruz, las sociedades Kank y Costilla y Austral Agro, departamentos del edificio Koonek en El Calafate, alquileres a empresas y otros inmuebles. La fiscalía sostiene que la estructura habría mantenido en funcionamiento esos activos y administrado sus ingresos pese a las restricciones judiciales existentes sobre su patrimonio.
Uno de los elementos centrales de la investigación fueron las intervenciones telefónicas realizadas durante otra causa vinculada con una presunta organización narcocriminal. A partir de esas comunicaciones, los investigadores identificaron posibles conexiones entre ambas estructuras y señalaron como nexo operativo a un hombre de confianza de Báez, a quien también se le atribuye el liderazgo de una organización dedicada al tráfico de cocaína en Santa Cruz.
La investigación tuvo un avance importante el 9 de noviembre, cuando efectivos de la Prefectura Naval interceptaron en el aeropuerto de Ezeiza a tres personas vinculadas con el entorno del empresario que se disponían a viajar a Buenos Aires. En el equipaje se encontraron el pasaporte de Báez, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, tarjetas SIM, divisas y documentación con rendiciones de cuentas y listados de proveedores.
A partir de esos hallazgos se realizaron 18 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, distintas estancias de Santa Cruz y la celda del empresario en el penal de Ezeiza. Durante los procedimientos también se secuestraron anotaciones que, según la fiscalía, permitirían reconstruir la distribución de funciones dentro de la organización.
En las audiencias judiciales también se formalizó la imputación de nueve integrantes de una presunta organización dedicada al narcotráfico, investigada en una causa conexa. Según la acusación, el grupo habría comercializado alrededor de 60 kilos de cocaína desde diciembre de 2025 y utilizado cuentas bancarias, billeteras virtuales y bienes registrados a nombre de terceros para introducir las ganancias en el circuito legal.
El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, declaró legales doce detenciones y dispuso la prisión preventiva para los involucrados alcanzados por esa medida. Además, estableció un plazo máximo de dos años para el desarrollo de las investigaciones, mientras que a otros imputados les fijó medidas de coerción.
La causa continúa en etapa de investigación y las acusaciones deberán ser examinadas durante el proceso judicial. Por el momento, la fiscalía busca determinar el alcance de las operaciones económicas, el papel de cada uno de los involucrados y la posible conexión entre el manejo de los bienes atribuidos a Báez y las actividades de la organización narcocriminal.
