Los dos hombres detenidos por el ataque a balazos contra Nadia Beller se presentan este lunes ante la Justicia de Bolivia. La Fiscalía solicitará que ambos permanezcan en prisión preventiva, bajo la imputación de tentativa de femicidio, mientras avanza la investigación para determinar su participación en el hecho y los posibles vínculos con Fernando Cerimedo.

Los acusados son Víctor Hugo C. Z., de nacionalidad colombiana, y Róger A. C. La audiencia de medidas cautelares está prevista para las 9 en el Juzgado 15 de Santa Cruz de la Sierra. Allí, el Ministerio Público presentará las pruebas e indicios reunidos hasta el momento para fundamentar el pedido de prisión preventiva. 

Beller fue atacada el lunes de la semana pasada por dos personas que se trasladaban en una motocicleta. Los agresores, que llevaban ropa similar a la de repartidores, le dispararon y escaparon del lugar. La abogada sobrevivió al ataque y posteriormente señaló a Cerimedo como supuesto autor intelectual. 

Según la Fiscalía, existen elementos que vincularía a los dos detenidos con el ataque. La fiscal Yolanda Aguilera ordenó su aprehensión formal luego de tomarles declaración y consideró que existen sospechas suficientes para investigarlos como presuntos cómplices. 

El ciudadano colombiano se presentó voluntariamente el sábado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), después de enterarse de que era buscado por las autoridades. El segundo detenido también quedó a disposición de la Justicia y ambos deberán responder por su presunta participación en el atentado. 

La investigación está relacionada con la causa que también tiene detenido a Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y consultor vinculado al presidente boliviano Rodrigo Paz. Cerimedo permanece en prisión preventiva en el penal de Palmasola, acusado de tentativa de femicidio y señalado por la Fiscalía como presunto autor intelectual del ataque. 

La declaración de los dos sospechosos será clave para determinar qué rol habría tenido cada uno y si existen elementos que permitan avanzar sobre la hipótesis de una planificación previa. La Justicia boliviana continúa además analizando teléfonos, cámaras de seguridad y otras pruebas incorporadas al expediente.