La Libertad Avanza presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para modificar el régimen penitenciario, con medidas que incluyen la prohibición de teléfonos celulares en las cárceles, el uso obligatorio de uniformes según la peligrosidad de los internos y la creación de un arancel para cubrir parte de los gastos de alojamiento. La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional por Mendoza Álvaro Martínez y deberá ser debatida en el Congreso.
La propuesta busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y apunta a impedir que las personas detenidas utilicen dispositivos móviles para organizar delitos desde los establecimientos penitenciarios. Entre los hechos que el proyecto pretende combatir figuran las estafas, los secuestros virtuales, las maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas.
La iniciativa contempla que las comunicaciones se realicen mediante sistemas autorizados y bajo supervisión. También prevé habilitar teléfonos de línea para que los internos puedan comunicarse con familiares y abogados, además de permitir videollamadas con sus defensores para facilitar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios.
Otro de los puntos centrales es la implementación de uniformes obligatorios de color beige o marrón claro, diferenciados mediante líneas verticales de acuerdo con tres niveles de peligrosidad: leve, medio y alto. Según el texto, los internos de peligrosidad leve llevarían una línea en el frente y el dorso; los de nivel medio, dos; y los de nivel alto, tres. Quienes estén próximos a recuperar la libertad utilizarían prendas lisas.
El proyecto también propone crear un Arancel Único Carcelario (AUC), destinado a que los internos contribuyan a cubrir gastos de alimentación, servicios generales, atención médica y uniformes. La iniciativa plantea que los detenidos que perciban ingresos aporten al costo de su permanencia en prisión. Los mecanismos concretos de aplicación deberán definirse en el marco del tratamiento legislativo.
Además, el texto busca reformular el trabajo penitenciario para orientar las actividades hacia la capacitación, la producción y la reinserción social. Entre las propuestas figuran establecer objetivos de incorporación laboral, modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera y promover la participación controlada de empresas privadas en la generación de trabajo dentro de las cárceles.
La presentación se suma a otra iniciativa impulsada por Martínez en abril, que propone establecer penas para los internos que tengan teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios, con sanciones mayores si los dispositivos se utilizan para cometer delitos. Por ahora, las nuevas medidas forman parte de un proyecto de ley y no están vigentes: su implementación dependerá del debate y de una eventual aprobación parlamentaria.
