El Gobierno nacional anunció que avanzará con un procedimiento sancionatorio contra los gremios docentes que convocaron al paro de este jueves 15 de octubre en la provincia de Buenos Aires. La decisión se tomó después de que el Ministerio de Capital Humano detectara 205 registros de escuelas cerradas y otros 82 casos en los que los inspectores no pudieron ingresar a los establecimientos durante el operativo de fiscalización.
El relevamiento alcanzó a 274 escuelas bonaerenses y permitió labrar 417 actas, ya que algunos establecimientos recibieron más de una visita. Según los datos oficiales, en 130 inspecciones se pudo comprobar que las instituciones funcionaban de manera total o parcial. En los establecimientos donde los fiscalizadores lograron ingresar, se registró un ausentismo del 72,1% del personal: faltaron 1.810 trabajadores sobre un total de 2.512.
La cartera que conduce Sandra Pettovello fundamentó la medida en la Ley de Modernización Laboral, que declaró a la educación inicial, primaria y secundaria como servicio esencial y estableció que durante las huelgas debe garantizarse al menos el 75% de la actividad habitual. Para el Ejecutivo, los resultados del operativo muestran posibles incumplimientos de esa obligación, por lo que inició las actuaciones administrativas correspondientes.
El procedimiento alcanza a cinco organizaciones sindicales: SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), UDOCBA, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). El Ministerio de Capital Humano confirmó que inició el proceso contra los gremios convocantes, aunque todavía no precisó qué sanciones podría aplicar ni cómo se determinará la responsabilidad de cada organización.
Otro de los datos que destacó el Gobierno fue el funcionamiento de las aulas durante la jornada de protesta. De las 959 aulas relevadas, solo 137 estaban en actividad, lo que representa el 14,3% del total inspeccionado. Además, el operativo se realizó sin informar previamente cuáles serían las escuelas visitadas, con el objetivo de verificar directamente la situación de los establecimientos durante la medida de fuerza.
El paro docente bonaerense coincidió con la quinta Marcha Federal Universitaria, aunque el procedimiento sancionatorio se limita a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita de la administración de Axel Kicillof. Las actuaciones deberán establecer si los sindicatos incumplieron las obligaciones previstas en la normativa vigente. Por el momento, el Gobierno no anunció multas concretas y las posibles penalidades se definirán a partir del análisis de las actas y de las responsabilidades que se atribuyan a cada entidad.
