El Gobierno nacional incorporó una cláusula que impedirá que empresas controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros participen de la licitación para privatizar el Belgrano Cargas. La condición, conocida como “cláusula anti-China”, fue incluida en los pliegos publicados para concesionar durante 50 años las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, aunque el texto no menciona específicamente a China.
La restricción establece que no podrán competir aquellas compañías cuyo control esté en manos de un Estado extranjero, ya sea de manera directa o a través de otras empresas públicas o sociedades vinculadas. De esta manera, el Gobierno busca evitar que compañías estatales extranjeras puedan quedarse con la operación de una infraestructura considerada estratégica para el país.
Aunque la medida es conocida públicamente como “anti-China”, su alcance es más amplio. La norma no prohíbe la participación de empresas extranjeras privadas, por lo que una compañía de otro país podrá presentarse a la licitación siempre que no esté controlada por un gobierno extranjero y cumpla con las condiciones establecidas en el pliego.
El criterio ya había sido utilizado por la administración de Javier Milei en otros procesos vinculados con infraestructura estratégica, como la concesión de la Hidrovía y el proyecto de transporte eléctrico AMBA I. En esos casos, también se establecieron restricciones para empresas bajo control estatal extranjero.
La privatización contempla una concesión por 50 años y alcanza una red ferroviaria de aproximadamente 7.594 kilómetros, distribuida en 16 provincias. El proceso incluye las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza y busca transferir al sector privado la operación y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de cargas.
Además, el Gobierno prevé que los futuros concesionarios realicen importantes inversiones para recuperar y ampliar la infraestructura. Según los pliegos, el proceso contempla inversiones objetivo de cientos de millones de dólares y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La decisión de limitar la participación de empresas estatales extranjeras se da en un contexto de tensión en la relación entre el Gobierno de Milei y China. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la cláusula fue redactada de manera general para abarcar a cualquier empresa controlada por un Estado extranjero y no exclusivamente a compañías de origen chino.
Con esta condición, el Ejecutivo busca establecer desde el inicio quiénes podrán competir por una de las principales concesiones ferroviarias de los últimos años. La licitación será internacional, pero tendrá como requisito central que los operadores no estén bajo control de gobiernos extranjeros.
