El Senado debatirá este jueves en comisión una reforma integral de la Ley de Biocombustibles que propone elevar los porcentajes obligatorios de mezcla de bioetanol y biodiésel. La discusión todavía presenta diferencias con las pequeñas y medianas empresas de las provincias productoras, principalmente por la participación que tendrán en el abastecimiento del mercado.
El encuentro comenzará a las 11, con un plenario de las comisiones de Energía, Combustibles y Minería y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Flavia Royón, de Primero los Salteños, y Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza. El oficialismo busca avanzar con un dictamen, aunque existen dudas sobre el quórum debido a que varios senadores regresaron a sus provincias en medio del paro de 48 horas de ATE que afectó los vuelos.
El proyecto que se encuentra en discusión toma como base la iniciativa presentada por Patricia Bullrich y suma modificaciones propuestas por senadores aliados y representantes del sector. Uno de los puntos que tendría mayor consenso es el aumento del corte obligatorio de bioetanol, que pasaría del 12% al 15% luego de transcurridos doce meses desde la sanción de la ley. La medida tendría un impacto especialmente importante en las provincias productoras de azúcar, como Tucumán.
En cuanto al biodiésel, utilizado para la mezcla con gasoil, se analiza elevar el corte obligatorio al 10%. Sin embargo, continúa la negociación por el cupo destinado a las pequeñas y medianas empresas productoras. Las pymes sostienen que tienen dificultades para competir con las grandes compañías integradas, que cuentan con una mayor escala de producción y acceso a las materias primas, por lo que reclaman una participación determinada dentro del mercado.
El bioetanol se produce principalmente a partir de maíz y caña de azúcar. Alrededor del 60% corresponde al maíz, concentrado en provincias como Córdoba, Santa Fe y San Luis, mientras que el 40% restante proviene de la caña de azúcar, con una fuerte presencia en Tucumán, Salta y Jujuy. El aumento del corte podría incrementar la demanda de la industria tucumana, aunque el impacto dependerá de cómo se distribuyan los volúmenes entre los distintos productores.
La reforma también contempla cambios en la comercialización y en el mecanismo para establecer los precios de los biocombustibles. El proyecto plantea crear un mercado electrónico para las operaciones y utilizar el costo de importación como referencia para determinar los valores, con un período de transición que se extendería hasta fines de 2031. Además, bajo determinadas condiciones, podría habilitarse la importación de biocombustibles si los precios superaran esa referencia.
