El diputado nacional de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para incorporar expresamente el crimen de agresión a la legislación penal argentina. La iniciativa propone penas de entre ocho y 25 años de prisión para los responsables de ordenar, planificar o ejecutar ataques armados contra otros Estados.
La propuesta contempla modificar la Ley 26.200, que regula la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el país. Además, establece que tanto la acción penal como las penas serán imprescriptibles, por lo que no podrán quedar sin efecto por el paso del tiempo.
El proyecto considera como posibles actos de agresión las invasiones territoriales, los bombardeos y los bloqueos de puertos, entre otras acciones militares. Para que se configure el delito, las conductas deberán alcanzar la gravedad y la escala exigidas por el derecho internacional y representar una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.
La iniciativa busca completar la incorporación al derecho interno de las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, ratificadas por la Argentina en 2017. Según Gutiérrez, el objetivo es brindar herramientas concretas a los jueces para investigar y sancionar a los dirigentes responsables de este tipo de acciones.
Otro de los puntos establece que la Justicia argentina podrá investigar y juzgar estos hechos sin necesidad de una determinación previa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, el texto mantiene las obligaciones de cooperación con la Corte Penal Internacional y respeta las inmunidades reconocidas por el derecho internacional.
El legislador sostuvo que la aplicación de la reforma deberá estar acompañada por capacitación judicial y el fortalecimiento de las áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal. También mencionó la necesidad de contar con mecanismos para preservar pruebas y proteger a los testigos.
El proyecto fue presentado para su tratamiento en las comisiones de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto. Por el momento, se trata de una iniciativa legislativa que deberá atravesar el debate parlamentario antes de convertirse en ley.
