Legisladores opositores de Paraguay presentaron un pedido de juicio político para destituir al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana, en medio de la crisis generada por la intervención de Ueno Bank. La iniciativa reunió el respaldo de 35 diputados y deberá conseguir una mayoría de dos tercios para avanzar en el Congreso.
El planteo se produjo después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera la intervención de la entidad financiera por problemas de solvencia. La medida dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y generó incertidumbre entre los ahorristas, que reclaman recuperar sus depósitos.
Uno de los principales argumentos de la oposición es el presunto conflicto de intereses de Peña, quien tuvo participación accionaria en el grupo empresarial que controlaba Ueno Bank hasta marzo de 2025. Los legisladores también cuestionaron decisiones regulatorias y la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social en la entidad.
El pedido fue presentado formalmente ante la Cámara de Diputados y contempla la acusación por mal desempeño de funciones. Para que el juicio político avance hacia el Senado se necesitan 53 votos sobre un total de 80 legisladores. En caso de aprobarse esa instancia, la Cámara Alta deberá reunir 30 votos de sus 45 integrantes para concretar una eventual destitución.
La crisis también provocó cambios en las autoridades financieras del país. El titular del Banco Central, Carlos Carvallo, presentó su renuncia y ocho directivos vinculados a Ueno Bank fueron detenidos en el marco de la investigación sobre la entidad.
Por su parte, Peña pidió priorizar los intereses de los ahorristas y aseguró que quienes hayan cometido irregularidades deberán responder ante la Justicia. Además, el Gobierno anunció un mecanismo para que los clientes puedan recuperar una parte de sus depósitos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.
El escenario político todavía depende de las negociaciones parlamentarias. El Partido Colorado, al que pertenece Peña, conserva mayoría propia en ambas cámaras, aunque existen diferencias internas que podrían influir en el tratamiento del pedido. Mientras tanto, el presidente continúa en funciones y el proceso de juicio político debe atravesar las instancias constitucionales correspondientes.
