Paraguay atraviesa una crisis financiera e institucional luego de que el Banco Central interviniera Ueno Bank, una entidad vinculada al entorno empresarial del presidente Santiago Peña. La medida se tomó tras detectar graves problemas de solvencia y provocó la suspensión de sus servicios bancarios. En medio de la situación, renunció el titular del organismo regulador, Carlos Carvallo.
La intervención fue anunciada este martes 3 de noviembre mediante un procedimiento de resolución que busca proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero. Según informó el Banco Central del Paraguay, la entidad presentaba un índice de solvencia inferior al 50% del mínimo exigido por la normativa vigente.
Como consecuencia, quedaron suspendidas las operaciones del banco, incluidas las aplicaciones, las tarjetas y los servicios digitales. La situación dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus cuentas mientras las autoridades avanzan con el proceso para determinar cómo se devolverán los depósitos.
La crisis también tuvo consecuencias dentro del Banco Central. Carlos Carvallo presentó su renuncia luego de que Peña solicitara su salida. El funcionario había presidido la financiera Ueno antes de asumir al frente del organismo regulador en 2023. Su trayectoria generó cuestionamientos por el posible conflicto de intereses entre su anterior vínculo con la entidad y su posterior responsabilidad en la supervisión del sistema financiero.
Ueno Bank administra alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, entre ellos unos 380 millones pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo estatal encargado de las jubilaciones y la cobertura de salud de los trabajadores paraguayos. El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por persona y entidad, equivalente a unos 38.000 dólares. Los montos que superen ese límite todavía deberán ser evaluados.
La situación también llegó a la Justicia. Las autoridades ordenaron la detención de ocho directivos de la entidad, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez, quien se presentó ante la Policía. Además, legisladores opositores anunciaron que impulsarán un juicio político contra Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, y que denunciarán a las autoridades del Banco Central por posibles responsabilidades en la supervisión del banco.
El caso genera preocupación por el impacto que podría tener sobre los ahorros de los clientes y los fondos públicos comprometidos. Mientras avanzan las investigaciones y el procedimiento de resolución, el Gobierno paraguayo busca garantizar la devolución de los depósitos y contener las consecuencias de una crisis que ya abrió un frente de tensión política en el país.
