La Corte Suprema volvió a marcar límites al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede utilizar esta herramienta para reemplazar al Congreso cuando no existe una situación excepcional que lo justifique. El criterio refuerza la obligación de que las decisiones que corresponden al Poder Legislativo sean debatidas y aprobadas por los representantes parlamentarios.
El planteo se vincula con la doctrina establecida por el máximo tribunal en la causa Consumidores Argentinos, donde se determinó que los DNU deben utilizarse de manera excepcional y no por razones de conveniencia política. La Corte remarcó que el Ejecutivo no puede sustituir libremente la actividad del Congreso y que sus decretos están sujetos al control judicial.
La Constitución establece que el Presidente puede dictar decretos de necesidad y urgencia únicamente cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir los procedimientos ordinarios previstos para la sanción de las leyes. Por eso, el instrumento no puede convertirse en una vía alternativa para legislar cuando el Congreso se encuentra en condiciones de debatir una determinada cuestión.
El límite adquiere relevancia en el actual escenario político, marcado por el uso frecuente de los DNU por parte del Gobierno de Javier Milei y por los intentos del Congreso de modificar las reglas que regulan su tratamiento. Actualmente, un decreto permanece vigente mientras no sea rechazado expresamente por ambas cámaras, de acuerdo con el régimen establecido por la Ley 26.122.
El debate sobre los decretos también atraviesa al Congreso, donde se impulsaron modificaciones para establecer un plazo de 90 días para que ambas cámaras aprueben los DNU. Si transcurre ese período sin aprobación, o si una sola de las cámaras los rechaza, el decreto perdería vigencia.
De esta manera, el criterio de la Corte vuelve a poner en primer plano la división de poderes y el papel del Congreso como órgano encargado de legislar. La discusión sobre hasta dónde puede avanzar el Ejecutivo mediante decretos continuará siendo uno de los principales puntos de tensión institucional entre el Gobierno, el Poder Legislativo y la Justicia.
