El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno avanzar de manera inmediata con su cumplimiento. La decisión fue tomada por el juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El fallo dejó sin efecto el Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había promulgado la Ley 27.795 pero había condicionado su ejecución a que se determinaran las fuentes específicas de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto General. Con la nueva resolución, el magistrado ordenó dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar la aplicación de la normativa.
La disputa comenzó después de que el Congreso rechazara el veto presidencial y ratificara la Ley de Financiamiento Universitario. Ante esa situación, el Gobierno promulgó la norma mediante el decreto cuestionado, pero estableció una condición que en los hechos impedía su aplicación hasta que se definiera cómo serían cubiertos los gastos previstos. Las universidades recurrieron entonces a la Justicia para reclamar el cumplimiento de la ley.
Entre los principales puntos de la normativa se encuentran las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes. El nuevo fallo se suma a resoluciones anteriores que ya habían ordenado avanzar con la actualización salarial y de las becas estudiantiles contempladas en la ley.
Cormick cuestionó además el argumento utilizado para condicionar la ejecución de la norma y sostuvo que el decreto no podía utilizarse para suspender una ley que había sido ratificada por el Congreso con las mayorías correspondientes. En ese sentido, consideró que el mecanismo adoptado por el Ejecutivo terminó funcionando como una instancia equivalente a un nuevo veto, una posibilidad que no está contemplada por la Constitución.
La resolución corresponde a una sentencia de primera instancia y obliga al Poder Ejecutivo a avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno analiza recurrir el fallo, mientras continúa el conflicto en torno a los recursos destinados a las universidades públicas, los salarios y las becas.
