La Justicia Federal solicitó al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Vialidad que informen qué ocurrió con los fondos destinados al mantenimiento y la reparación de rutas nacionales en Entre Ríos. El juez federal de Victoria, Federico Martín, estableció un plazo de tres días para que los organismos respondan en el marco de un amparo presentado por legisladores de esa provincia.
La presentación fue impulsada por el senador nacional Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, quienes cuestionan el destino de los recursos provenientes del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), financiado mediante una parte de la recaudación del impuesto a los combustibles.
Los legisladores sostienen que esos fondos tienen una asignación específica por ley y deben utilizarse para obras de infraestructura, conservación y mantenimiento de rutas. Según su planteo, una parte importante de los recursos habría sido colocada en instrumentos financieros en lugar de destinarse a los trabajos viales correspondientes.
De acuerdo con el relevamiento presentado en el amparo, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al sistema más de $1,5 billones a nivel nacional, pero solamente $394.406 millones fueron aplicados a obras. Además, al 31 de mayo de este año, más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos.
El reclamo apunta especialmente a la situación de las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174, que atraviesan Entre Ríos y cumplen un papel importante para el transporte de cargas, la actividad productiva y la conexión entre distintas localidades.
Los demandantes también cuestionaron que el Gobierno haya concesionado por 20 años unos 276 kilómetros de rutas entrerrianas, entre ellos tramos de las rutas nacionales 12 y 18, sin que eso resuelva el planteo sobre el destino de los fondos acumulados.
La decisión judicial todavía no determina si existió un incumplimiento en la utilización de los recursos ni ordena una resolución definitiva sobre las obras. Por ahora, busca obtener información oficial de los organismos nacionales antes de avanzar con el análisis de la medida cautelar solicitada por los legisladores.
