El juez federal Julián Ercolini procesó a Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado también dispuso un embargo sobre sus bienes por $1.500 millones y ratificó la inhibición general de su patrimonio.
La resolución sostiene que, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso, existiría un incremento patrimonial apreciable que no se correspondería con los ingresos legítimos comprobables de Baratta durante su paso por la función pública. El expediente analiza su evolución patrimonial durante los años en los que se desempeñó en el Ministerio de Planificación Federal, entre 2003 y 2015.
Uno de los principales puntos de la investigación está relacionado con una propiedad ubicada en el Mapuche Country Club, en el partido bonaerense de Pilar. El lote fue adquirido en septiembre de 2012 por unos US$70.000 y quedó registrado a nombre de la madre de Baratta. Sobre ese terreno se construyó posteriormente una vivienda familiar de aproximadamente 380 metros cuadrados.
La investigación también alcanza otros bienes y movimientos patrimoniales vinculados al exfuncionario y a integrantes de su familia. El expediente analiza departamentos, cocheras, vehículos y otros activos, además de la posibilidad de que algunos bienes hayan sido registrados a nombre de familiares. La causa se inició en 2017 y tuvo distintas demoras vinculadas con la realización de peritajes contables sobre el patrimonio.
Baratta había sido citado a declaración indagatoria en septiembre y, durante su presentación ante la Justicia, rechazó las acusaciones. Su defensa sostuvo que los bienes cuestionados podían ser explicados por el patrimonio de sus familiares y planteó objeciones sobre el avance de la investigación. Previamente, los tribunales habían rechazado pedidos para cerrar el expediente por el paso del tiempo y confirmaron la continuidad de la causa.
El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva, por lo que Baratta continuará en libertad mientras avanza la investigación. La decisión de Ercolini representa un nuevo paso en el expediente iniciado hace casi una década, que busca determinar si el patrimonio del exfuncionario tuvo un crecimiento injustificado durante el período en el que ocupó cargos en el Estado.
