La Libertad Avanza aceptará introducir modificaciones al proyecto del Súper RIGI para conseguir el respaldo de los bloques aliados en el Senado. Los cambios están vinculados principalmente con la protección de las empresas nacionales y con el abastecimiento energético de los grandes centros de datos destinados a inteligencia artificial. El oficialismo busca emitir dictamen y llevar la iniciativa al recinto el 10 de septiembre.
La decisión implica que el proyecto aprobado originalmente por la Cámara de Diputados deberá regresar a ese cuerpo si finalmente el Senado incorpora modificaciones. El Gobierno había intentado evitar ese escenario y pretendía que la iniciativa fuera aprobada sin cambios, pero la falta de votos propios obligó a Patricia Bullrich a negociar con el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales.
Uno de los puntos centrales de la negociación es la protección de los proveedores nacionales. El proyecto establece que los planes de inversión deberán contemplar la contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado a ese concepto, siempre que exista oferta argentina en condiciones competitivas de precio y calidad. Los bloques aliados buscan precisar que ese porcentaje corresponda específicamente a bienes producidos en el país.
El otro eje de discusión es el consumo energético de las nuevas industrias. Los bloques provinciales pretenden que los proyectos electrointensivos, especialmente los megacentros de datos vinculados con inteligencia artificial, cuenten con sistemas propios de generación eléctrica. El objetivo es evitar que el incremento de la demanda recaiga sobre las redes provinciales y termine afectando el suministro destinado a los usuarios residenciales.
Este planteo genera resistencia dentro del Gobierno porque el Súper RIGI es una de las herramientas que la administración de Javier Milei pretende utilizar para atraer grandes inversiones tecnológicas, proyectos vinculados con inteligencia artificial y desarrollos relacionados con minerales críticos. El Ejecutivo teme que imponer demasiadas condiciones pueda reducir el atractivo del régimen para los inversores.
El proyecto ofrece importantes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para las grandes inversiones. Entre ellos contempla una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada, beneficios para el pago de IVA y contribuciones patronales, exenciones de derechos de importación y eliminación de derechos de exportación, además de una disponibilidad progresiva de las divisas generadas por las exportaciones.
La discusión comenzará este miércoles a las 13, cuando se reúna el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversiones y Legislación General. El oficialismo pretende obtener el dictamen para llevar el proyecto al recinto el 10 de septiembre, aunque luego deberá enfrentar una nueva negociación en Diputados si el Senado introduce cambios.
