La secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Salta (APUNSa), Stella Mimessi, advirtió sobre la difícil situación económica que atraviesan los trabajadores no docentes de la institución y reveló que algunos empleados llegaron a iniciar trámites para declararse en quiebra por el nivel de endeudamiento. Sus declaraciones se conocieron en la previa de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves 15 de octubre para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Tenemos un alto nivel de endeudamiento de muchos compañeros y compañeras acá en la Universidad de Salta. Hay algunos compañeros que incluso se han declarado en quiebra”, afirmó la dirigente. Según explicó, el deterioro de los ingresos dificulta cada vez más que los trabajadores puedan afrontar sus gastos cotidianos y cumplir con sus compromisos financieros.
Mimessi detalló que un trabajador no docente de la categoría 7 cobra alrededor de un millón de pesos de bolsillo, cifra que incluye una garantía salarial de $200.000. Sin ese adicional, que según denunció no está incorporado al salario básico y lleva más de un año sin actualizarse, el ingreso rondaría los $800.000 mensuales.
La representante gremial también señaló que hay más de 110 cargos no docentes vacantes en la universidad y reclamó que se convoque a los concursos correspondientes para cubrirlos. Además, denunció que desde principios de año se restringió la autorización de horas extras y se interrumpió la asignación de nuevos suplementos por riesgo laboral contemplados en el convenio colectivo de trabajo.
Otro de los puntos que genera preocupación en el sector son las posibles modificaciones de los convenios colectivos y sus consecuencias sobre las condiciones laborales y la estabilidad del personal universitario. Para APUNSa, el deterioro salarial y las restricciones presupuestarias forman parte de una situación más amplia de desfinanciamiento que afecta el funcionamiento de las universidades públicas.
En ese contexto, los trabajadores no docentes se sumaron al reclamo universitario para exigir la aplicación de la ley, especialmente en lo referido a la recomposición de los salarios y la actualización de las becas estudiantiles. Mimessi defendió la continuidad de las movilizaciones y los paros frente a las críticas por la pérdida de días de clase: “Las marchas y los paros no son el problema. El problema está ligado al desfinanciamiento que vienen teniendo las universidades y al deterioro de los salarios”, sostuvo.
