La Confederación General del Trabajo (CGT) anticipó que podría impulsar nuevas acciones judiciales contra la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos centrales de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Desde la central sindical cuestionan especialmente el nuevo esquema de financiamiento de las indemnizaciones por despido y advierten que la medida podría afectar recursos destinados al sistema previsional.
Las críticas fueron expresadas por el abogado laboralista Gustavo Ciampa, representante de la CGT, quien sostuvo que parte de los aportes patronales que actualmente financian jubilaciones y pensiones pasarían a destinarse al nuevo fondo. Según el dirigente sindical, esta modificación podría derivar en conflictos constitucionales y abrir una nueva etapa de litigios judiciales.
El FAL fue reglamentado recientemente por el Gobierno como parte de la Ley de Modernización Laboral. El sistema comenzará a regir a partir del 1 de noviembre y prevé que los empleadores realicen aportes a fondos administrados por entidades financieras autorizadas, que luego cubrirán las indemnizaciones correspondientes en casos de despido.
Desde la CGT también cuestionan que el nuevo mecanismo otorgue un papel central a fondos comunes de inversión y otras entidades privadas en la administración de recursos laborales. Además, advierten que podrían surgir controversias sobre los tiempos de pago de las indemnizaciones y el destino de los rendimientos financieros generados por esos fondos.
La reglamentación del FAL ya había generado debates y demoras dentro del propio Gobierno debido a su complejidad técnica y jurídica. De hecho, su implementación fue postergada en varias oportunidades antes de que finalmente se oficializara mediante decreto.
El conflicto se suma a una larga disputa entre la CGT y el Gobierno por la reforma laboral. Aunque la norma recuperó vigencia tras recientes fallos judiciales favorables al Ejecutivo, los sindicatos continúan cuestionando varios de sus artículos y no descartan nuevas presentaciones ante la Justicia para frenar aspectos de la reglamentación.
