El Gobierno nacional busca reactivar la actividad del Senado durante octubre con dos proyectos que considera con posibilidades de avanzar: la modificación de la Ley de Salud Mental y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La estrategia apunta a darle movimiento a la Cámara alta mientras la reforma política permanece en pausa a la espera de acuerdos que permitan reunir los votos necesarios.
La decisión implica separar por el momento la agenda electoral del resto de los proyectos legislativos. El oficialismo no prevé volver a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar con la reforma política hasta alcanzar un entendimiento con gobernadores y bloques aliados. Las negociaciones están encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras continúan las conversaciones sobre las modificaciones electorales.
Uno de los proyectos que el Gobierno busca impulsar es la adhesión argentina al PCT, cuyo tratamiento parlamentario se encuentra más avanzado. Diputados aprobó la iniciativa en agosto con modificaciones y el expediente regresó al Senado para completar su tratamiento. Entre los cambios incorporados figura una reserva sobre el Capítulo II, relacionado con el examen preliminar internacional de las solicitudes de patentes.
El tratado permite presentar una solicitud internacional de patente que posteriormente puede continuar su trámite en los países elegidos por el solicitante, aunque cada oficina nacional conserva la decisión sobre el otorgamiento del derecho. Argentina firmó el tratado en 1970 y el Gobierno considera prioritaria su aprobación porque forma parte de los compromisos asumidos en materia de propiedad intelectual dentro del acuerdo comercial con Estados Unidos.
El otro eje es la reforma de la Ley de Salud Mental, que fue enviada al Senado durante el primer semestre y tuvo una etapa de audiencias y negociaciones. El proyecto plantea modificaciones en las condiciones para las internaciones involuntarias, incorpora precisiones sobre situaciones de riesgo y refuerza la intervención profesional y judicial. También contempla aspectos vinculados con la duración de las internaciones, los planes de egreso, el tratamiento de adicciones, las teleconsultas y las directivas anticipadas.
Con esta agenda, el oficialismo busca avanzar durante octubre con los proyectos que considera más cercanos a obtener consenso, mientras otros expedientes quedan postergados. Entre ellos se encuentran el Super-RIGI, la reforma de la Ley de Sociedades y los cambios en el régimen de Etiquetado Frontal. La prioridad para el cierre del año continúa puesta además en el Presupuesto 2027 y la reforma política, cuyo tratamiento dependerá de las negociaciones que el Gobierno mantiene con los distintos bloques y gobernadores.
