El Gobierno argentino aguarda con cautela la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El pronunciamiento está previsto para el próximo 28 de noviembre y, mientras espera la decisión, la Casa Rosada prepara distintas estrategias jurídicas y diplomáticas para responder a los tres escenarios posibles: una resolución favorable, una aceptación parcial o el rechazo de la solicitud.
El planteo argentino busca impedir que avance el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa contempla la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía y jurisdicción marítima son objeto de controversia entre la Argentina y el Reino Unido.
Durante las audiencias realizadas en Hamburgo, Alemania, la delegación argentina presentó cuatro pedidos concretos. Entre ellos, solicitó impedir nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura vinculada con la explotación, restringir el uso de información obtenida durante las tareas de exploración, evitar obstáculos a las obligaciones argentinas de protección ambiental y frenar nuevas autorizaciones que puedan agravar la disputa.
El primer escenario que contempla el Ejecutivo es que el Tribunal acepte la totalidad del planteo y ordene detener las actividades relacionadas con el proyecto. Una segunda posibilidad es que los magistrados concedan algunas de las medidas solicitadas y rechacen otras, estableciendo una protección parcial. Finalmente, existe la posibilidad de que el organismo desestime el pedido argentino por considerar que no se cumplen las condiciones necesarias para intervenir.
Desde el Gobierno sostienen que cualquiera sea el resultado, la decisión no significará el cierre del reclamo argentino por la soberanía de las islas. En caso de una resolución desfavorable, la administración nacional analiza continuar con las presentaciones ante el tribunal arbitral que deberá constituirse para tratar la controversia de fondo.
Uno de los principales argumentos de la Argentina está relacionado con el carácter irreversible de la explotación de recursos naturales no renovables. El Ejecutivo advierte que las perforaciones podrían comenzar durante 2027 y que la extracción de petróleo provocaría un perjuicio que posteriormente no podría revertirse. Por su parte, la representación británica cuestionó la existencia de una situación de urgencia y sostuvo que la producción comercial no comenzaría antes de 2028.
En paralelo, la Casa Rosada mantiene otros frentes de actuación. Entre ellos se encuentran las comunicaciones dirigidas a empresas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en la zona, los procedimientos sancionatorios y las denuncias contra compañías y personas involucradas. El Gobierno también impulsa el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca establecer nuevas herramientas para sancionar la explotación considerada ilegítima de los recursos naturales en las áreas en disputa.
La iniciativa legislativa tiene dictamen en la Cámara de Diputados y el oficialismo pretende avanzar con su tratamiento durante noviembre, aunque todavía existen diferencias con algunos bloques aliados sobre determinados puntos del proyecto.
La resolución del 28 de noviembre será una definición sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina y no una sentencia sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Mientras tanto, el Gobierno asegura que continuará con las acciones diplomáticas, jurídicas y administrativas para sostener su reclamo frente al Reino Unido.
