La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este jueves dos medidas destinadas a aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas. Las disposiciones establecen la suspensión de juicios de ejecución fiscal y embargos hasta el 30 de junio de 2027, además de una ampliación del régimen de facilidades de pago para regularizar deudas.
Las medidas fueron formalizadas mediante las resoluciones generales 5923 y 5924, publicadas en el Boletín Oficial. La decisión alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2 que tengan vigente el Certificado MiPyME, así como a pequeños contribuyentes.
La suspensión también contempla la ampliación del plazo para incorporar obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2026. Anteriormente, el programa permitía regularizar deudas con vencimientos hasta el 30 de junio de este año.
Además, los contribuyentes podrán adherirse al plan de pagos hasta el 30 de junio de 2027. El régimen permite cancelar las obligaciones en hasta 18 cuotas y busca facilitar la regularización de compromisos fiscales sin generar una presión financiera inmediata sobre las empresas.
ARCA informó que la posibilidad de incorporar las nuevas deudas estará disponible a partir del 16 de noviembre de 2026. El trámite deberá realizarse a través del servicio digital “Mis Facilidades”, disponible en el sitio oficial del organismo.
La suspensión de los embargos fue anunciada previamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí, el funcionario señaló que la medida responde a las dificultades financieras que atraviesan las pymes y a los problemas que generan los bloqueos de fondos para afrontar salarios, proveedores y otras obligaciones.
Con estas disposiciones, el Gobierno busca ofrecer más tiempo y herramientas para que las empresas puedan ordenar sus compromisos fiscales. Sin embargo, la normativa contempla excepciones que permiten avanzar con ejecuciones o medidas cautelares ante situaciones de grave afectación de los intereses del fisco, caducidad de instancia o prescripción inminente.
