BRASIL

El fiscal general Paulo Gonet declaró este martes que Jair Bolsonaro y sus aliados tramaron derrocar la democracia de Brasil para perpetuarse en el poder, al comenzar la fase de veredicto del juicio al expresidente.

Bolsonaro, que se encuentra bajo arresto domiciliario, no estuvo presente en el tribunal debido a su mala salud, según explicó su abogado, Celso Vilardi.

El exmandatario está acusado de conspirar para llevar a cabo un golpe de Estado para permanecer en el poder a pesar de perder las elecciones de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La fase de veredicto y sentencia del juicio comenzó alrededor de las 9 de la mañana , y el panel del tribunal programó sesiones durante cinco días hasta el 12 de septiembre para decidir si Bolsonaro es culpable y, en ese caso, qué pena deberá cumplir. Bolsonaro ya tiene prohibido postularse en elecciones.

El exmandatario niega cualquier delito y ha dicho repetidamente que el juicio es un ataque políticamente motivado con cargos espurios.

El fiscal general señaló que después de la votación de octubre de 2022, Bolsonaro convocó a altos funcionarios del gabinete y militares para discutir la emisión de un decreto de emergencia para detener el resultado electoral, suspendiendo los poderes del tribunal electoral e investigando sospechas de fraude electoral.
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“Proceso criminal”

“No se necesita un esfuerzo intelectual extraordinario para reconocer que cuando el presidente de la república y luego el ministro de Defensa convocan a la cúpula militar para presentar un documento formalizando un golpe de Estado, el proceso criminal ya está en marcha», dijo Gonet.

El fiscal agregó que el “panorama impactante y sombrío” descrito en la acusación no puede entenderse como una “narrativa de hechos aislados”.

Gonet señaló que el plan para mantener a Bolsonaro en el poder involucraba otros elementos, incluidos los esfuerzos previos para sembrar dudas en el sistema de votación electrónica, así como los disturbios de militantes bolsonaristas el 8 de enero de 2023, en Brasilia, después de que Lula fuera investido.

Los fiscales también alegaron que el complot incluía un plan para asesinar a Lula y a uno de los jueces del Supremo Tribunal.

“No reprimir penalmente intentos de esta naturaleza, como lo demuestran relatos tanto aquí como en el extranjero, fortalece los impulsos autoritarios. Esto, por lo tanto, alimenta el fundamentalismo y pone en riesgo una forma de vida civilizada», destacó Gonet.

La defensa de Bolsonaro ha argumentado que el caso de la fiscalía se ve socavado por el hecho de que el decreto de emergencia nunca fue emitido y que el exlíder permitió que la transición a Lula siguiera adelante.

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