El diputado Maximiliano Ferraro denunció que la empresa británica Harbour Energy, que había sido sancionada por actividades vinculadas con la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas, forma parte de un proyecto energético en la Patagonia que recibió beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según la denuncia, Harbour Energy posee el 15% de las acciones de Southern Energy, una compañía que participa de una iniciativa para la producción y exportación de gas natural desde la provincia de Río Negro. El proyecto fue aprobado por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 y contempla una importante inversión para desarrollar infraestructura energética en el sur del país.
Ferraro señaló que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC. La compañía cambió su denominación en 2021 por motivos comerciales y estratégicos, pero mantuvo sus actividades en el sector energético internacional.
El legislador recordó que la empresa había sido alcanzada en 2013 por una sanción establecida bajo la Ley 26.659, que prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin contar con la autorización correspondiente. La medida fue aplicada por trabajos de exploración realizados en áreas vinculadas con las Islas Malvinas.
La denuncia plantea una posible contradicción entre aquella sanción y los beneficios que la compañía habría obtenido posteriormente mediante su participación en un proyecto incorporado al RIGI. La iniciativa energética contempla la llegada mensual de buques con alrededor de 3.500 tubos destinados a la instalación de tuberías y el desarrollo de infraestructura vinculada con la producción y exportación de gas.
El planteo de Ferraro se conoció mientras el Gobierno avanza con nuevas sanciones contra empresas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas. En los últimos días, la Cancillería inició procedimientos contra 45 empresas, accionistas, ejecutivos y proveedores vinculados con actividades en las islas, en el marco de la ofensiva oficial para impedir operaciones hidrocarburíferas que Argentina considera ilegales.
