El Gobierno argentino avanza con seis tratados vinculados con la propiedad intelectual como parte de los compromisos asumidos en el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos. Los convenios abarcan distintas áreas, entre ellas patentes, marcas, diseños industriales, microorganismos y señales satelitales, y el Ejecutivo prepara su envío al Congreso.
La iniciativa se enmarca en el Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), firmado entre Argentina y Estados Unidos en febrero de 2026. El convenio todavía no entró en vigor, ya que requiere que ambos países cumplan con sus procedimientos legales internos y luego intercambien las notificaciones correspondientes.
Uno de los puntos centrales de la agenda es la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 27 de agosto con modificaciones y el expediente regresó al Senado, donde su tratamiento quedó demorado por la falta de asistencia de legisladores a una reunión de comisión. El Gobierno mantiene como objetivo que la iniciativa sea aprobada durante octubre.
Además del PCT, los compromisos sobre propiedad intelectual incluyen modificaciones relacionadas con diferentes mecanismos de protección y registro. El Ejecutivo busca avanzar con los aspectos que requieren tratamiento legislativo, mientras utiliza decretos, resoluciones y decisiones administrativas para implementar aquellos cambios regulatorios que pueden realizarse con las facultades vigentes.
La estrategia oficial forma parte de una implementación gradual del acuerdo con Estados Unidos. Entre los sectores y organismos que podrían intervenir en los cambios regulatorios aparecen el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), la ANMAT, el SENASA, la Aduana y distintas dependencias del Ministerio de Economía, según las competencias involucradas en cada compromiso.
Mientras avanza esta agenda, el Gobierno también mantiene negociaciones con Estados Unidos sobre otros aspectos del entendimiento comercial, entre ellos cuestiones arancelarias. La Casa Rosada busca avanzar con los compromisos que puedan instrumentarse de manera interna y, al mismo tiempo, impulsar en el Congreso los tratados y modificaciones que requieren aprobación legislativa.
