El Gobierno autorizó la emisión de hasta $221.119 millones en títulos públicos para cancelar deudas que mantiene con empresas contratistas de obras públicas. La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 59/2026 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda y se enmarca en el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones creado por el Ministerio de Economía.
El mecanismo establece que las empresas que adhieran al régimen recibirán bonos del Tesoro en lugar del pago en efectivo. Las obligaciones que se busca regularizar corresponden a certificados de obra, acopios de materiales y redeterminaciones de precios acumulados entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. También se incluyen saldos pendientes derivados de contratos de obra pública que fueron extinguidos a partir de 2024.
Para concretar la operación, el Estado ampliará la emisión de tres instrumentos de deuda en pesos. La denominada “canasta” estará compuesta en un 33% por una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable con vencimiento el 30 de octubre de 2026, por hasta $60.000 millones de valor nominal; otro 33% corresponderá a un bono con vencimiento el 15 de enero de 2027, por hasta $51.000 millones, y el 34% restante a un bono con vencimiento el 30 de abril de 2027, por hasta $60.000 millones.
En conjunto, el valor nominal de los títulos involucrados puede alcanzar los $171.000 millones, mientras que el valor efectivo destinado a cancelar las obligaciones podrá llegar hasta los $221.119,5 millones. La operación será imputada a los créditos presupuestarios destinados a Aplicaciones Financieras del Ministerio de Economía, específicamente a programas relacionados con la atención de deudas de las áreas de Transporte y Obras Públicas.
Los instrumentos utilizados para la cancelación tendrán vencimientos entre octubre de 2026 y abril de 2027. De esta manera, el Estado transformará los saldos pendientes con los contratistas en títulos públicos, en lugar de realizar un desembolso inmediato de dinero en efectivo. El mecanismo apunta a ordenar y regularizar las obligaciones acumuladas durante los últimos años.
La resolución establece además que las emisiones se encuentran dentro de los límites de endeudamiento autorizados por la Ley de Presupuesto 2026. Con esta operación, el Gobierno busca avanzar en la cancelación de las obligaciones pendientes con las empresas contratistas de infraestructura mediante un esquema de títulos públicos con vencimientos establecidos entre este año y el próximo.
