El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno incorpora cambios significativos para propietarios e inquilinos, con el objetivo de agilizar la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente y acelerar los procesos de desalojo por falta de pago. Tras la decisión del oficialismo de retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras, la iniciativa mantiene como eje central la creación de un régimen de «desalojo exprés», uno de los puntos más debatidos del paquete legislativo.
Uno de los principales cambios establece que, en los casos de usurpaciones o de ocupaciones precarias, el propietario podrá solicitar a la Justicia la restitución inmediata del inmueble. Si acredita con documentación su derecho sobre la propiedad y el juez considera verosímil el planteo, podrá intimar al ocupante a devolver el inmueble dentro de las 72 horas, sin necesidad de esperar una sentencia definitiva.
En el caso de los alquileres, el proyecto también modifica el procedimiento para los inquilinos que acumulen deudas. Antes de iniciar una demanda de desalojo, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar el pago. Si la deuda no es cancelada en ese período, podrá avanzar con la acción judicial para recuperar el inmueble.
La iniciativa además endurece las condiciones para las expropiaciones. El Estado deberá acreditar de manera más estricta la existencia de utilidad pública y garantizar una indemnización previa antes de tomar posesión de un inmueble. También incorpora la digitalización de los registros de la propiedad y nuevos mecanismos para agilizar los trámites de escrituración y regularización dominial.
Desde el oficialismo sostienen que las modificaciones buscan brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios y reducir los tiempos de los procesos judiciales. En cambio, sectores de la oposición y organizaciones vinculadas al derecho a la vivienda advierten que los nuevos plazos podrían afectar las garantías de los inquilinos y facilitar desalojos en plazos muy breves.
El Senado avanzó con una versión acotada del proyecto, luego de que el Gobierno retirara el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros para reunir los votos necesarios. Si obtiene la aprobación definitiva en el Congreso, las nuevas reglas modificarán de manera sustancial el régimen vigente sobre desalojos, expropiaciones y protección de la propiedad privada en la Argentina.
