El nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias volvió a quedar en el centro del debate político luego de que Manuel Adorni solicitara adherirse al sistema. La medida forma parte de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Gobierno con el objetivo de simplificar las obligaciones tributarias de personas físicas y reducir la cantidad de información requerida por los organismos de control.
El régimen está diseñado para que los contribuyentes puedan realizar una declaración más sencilla de sus ingresos, sin necesidad de presentar una justificación detallada de las variaciones patrimoniales que tradicionalmente eran requeridas por el sistema. Según el Gobierno, la iniciativa busca reducir trámites burocráticos, facilitar el cumplimiento fiscal y concentrar los controles en casos donde existan indicios concretos de irregularidades.
Uno de los aspectos que más debate generó es que el esquema no exige explicar el crecimiento patrimonial de la misma forma que el régimen tradicional. Desde el oficialismo sostienen que esto no implica la eliminación de controles, ya que los organismos estatales continúan teniendo facultades para investigar operaciones sospechosas, movimientos financieros inusuales o posibles inconsistencias tributarias.
La adhesión de Adorni tomó relevancia debido a la expectativa que existe sobre su declaración jurada patrimonial. En las últimas semanas, distintos sectores políticos reclamaron que el jefe de Gabinete hiciera pública su situación económica, mientras continúa bajo observación por cuestionamientos relacionados con la evolución de su patrimonio.
Especialistas en materia tributaria explicaron que el nuevo régimen apunta principalmente a simplificar la relación entre el contribuyente y el Estado, aunque algunos sectores de la oposición expresaron preocupación por el posible impacto que podría tener sobre los mecanismos de control patrimonial y fiscalización.
La discusión sobre la Ley de Inocencia Fiscal se suma a otros debates impulsados por el Gobierno en materia económica y tributaria, en una etapa donde la administración de Javier Milei busca profundizar su política de desregulación y simplificación administrativa.
