La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó al contratista Matías Tabar, quien declaró en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y le exigió que justifique sus ingresos correspondientes a 2024 y 2025. Además, el organismo le solicitó documentación vinculada a la compra de materiales, la mano de obra y otros movimientos económicos relacionados con las refacciones realizadas en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá.
La medida se produjo pocos días después de que Tabar prestara declaración ante la Justicia y detallara que las obras realizadas en la propiedad tuvieron un costo de 245 mil dólares. El contratista aseguró que los trabajos se extendieron durante varios meses y aportó documentación y registros que forman parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita.
Según trascendió, ARCA también le requirió explicaciones sobre la compra de vehículos, operaciones en dólares y movimientos societarios. El organismo otorgó un plazo de diez días para presentar toda la información requerida y acreditar el origen de los fondos y la actividad económica desarrollada durante los últimos años.
La intimación generó repercusiones en el ámbito político. La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia judicial en la que sostiene que la medida podría interpretarse como un intento de intimidar a una persona que colaboró con la Justicia. Según planteó, la intervención del organismo recaudador se produjo en un contexto sensible y podría afectar futuras declaraciones en la causa.
Desde el oficialismo no hubo pronunciamientos sobre el tema, mientras la investigación continúa avanzando con nuevas pruebas y testimonios. La situación se suma a las controversias que rodean a Adorni, quien enfrenta cuestionamientos sobre el crecimiento de su patrimonio y deberá presentarse ante el Senado el próximo 2 de julio para brindar su informe de gestión.
La causa sigue generando repercusiones tanto en el plano judicial como político, y las próximas decisiones de la Justicia podrían ser determinantes para definir el rumbo de una investigación que mantiene en el centro de la escena al jefe de Gabinete.
