El Gobierno reglamentó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece un sistema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años que sean acusados de cometer delitos. La medida fue oficializada mediante el Decreto 601/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece los mecanismos necesarios para aplicar la Ley 27.801.
La normativa determina que el nuevo régimen comenzará a implementarse de manera progresiva en las distintas jurisdicciones del país. Para llevar adelante su aplicación se creó un programa específico que dependerá de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, que tendrá a su cargo coordinar las políticas y acciones necesarias.
Uno de los principales cambios es que los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser considerados penalmente responsables por determinados delitos. La ley establece un régimen especial y diferenciado del sistema penal de adultos, con medidas específicas que deberán contemplar la edad del acusado y promover su reinserción social.
El nuevo esquema también contempla diferentes tipos de medidas que pueden aplicarse durante el proceso y después de una eventual condena. Entre ellas se encuentran la libertad asistida, reglas de conducta, servicios a la comunidad, prohibiciones de acercamiento, monitoreo electrónico y programas de tratamiento. En los casos más graves, la normativa contempla la posibilidad de imponer penas privativas de la libertad.
La reglamentación establece además las condiciones para el funcionamiento de establecimientos destinados a adolescentes privados de su libertad. Estos centros deberán contar con espacios adecuados, equipos interdisciplinarios y programas educativos, de capacitación laboral y de acompañamiento destinados a favorecer la reinserción de los jóvenes.
El Gobierno también dispuso que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adecuar sus sistemas para implementar el nuevo régimen. La aplicación de la normativa estará acompañada por mecanismos de capacitación y coordinación entre los organismos judiciales, de seguridad y de asistencia social. El objetivo declarado es establecer un sistema específico para adolescentes en conflicto con la ley penal, con procedimientos diferenciados y medidas orientadas a la responsabilización y reintegración social.
