La Provincia de Salta acordó con el Gobierno nacional compensar las deudas que ambas administraciones mantenían entre sí, pero el convenio incluye condiciones que van más allá del aspecto económico. Como parte del entendimiento, la Provincia deberá desistir de distintas acciones judiciales iniciadas contra el Estado nacional y entregar periódicamente información sobre el estado de sus cuentas públicas.
El acuerdo fue aprobado mediante el Decreto Provincial 493, publicado este martes en el Boletín Oficial, y se enmarca en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creado para que Nación y las provincias puedan reconocer, compensar y cancelar deudas pendientes.
Entre las causas que Salta deberá abandonar se encuentra la demanda presentada contra Nación por los decretos nacionales 561 y 567 de 2019, que llegó a la Corte Suprema de Justicia. El desistimiento incluye tanto la acción declarativa de inconstitucionalidad como una medida cautelar vinculada con ese expediente. También se contempla el amparo iniciado por la Provincia por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
El convenio también establece que Salta deberá enviar periódicamente información financiera al Gobierno nacional. Entre los datos que deberá reportar figuran el gasto en personal, la deuda provincial, la situación del Tesoro, los saldos bancarios y el financiamiento otorgado a los municipios. Además, deberá brindar información relacionada con tarifas de servicios públicos, impuestos y transferencias.
El acuerdo se produce luego de compensar las obligaciones reconocidas entre ambas administraciones. De acuerdo con el convenio, el saldo resultante quedó en casi $266 mil millones a favor del Estado nacional, por lo que Salta deberá afrontar ese compromiso económico además de cumplir con las condiciones judiciales y de información financiera establecidas.
De esta manera, el entendimiento entre Salta y Nación tiene dos consecuencias principales para la Provincia: por un lado, establece el mecanismo para cancelar el saldo económico derivado del cruce de deudas; por otro, implica el desistimiento de causas judiciales y una obligación de informar regularmente sobre la situación de las finanzas provinciales.
