La Cámara de Diputados retomará su actividad legislativa en agosto con el tratamiento de la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, una de las principales iniciativas que impulsa el Gobierno nacional para incentivar el ingreso al sistema financiero de los dólares que permanecen fuera del circuito formal. El oficialismo buscará avanzar con el debate apenas finalice el receso invernal, aunque necesitará reunir el respaldo de los bloques dialoguistas para lograr su aprobación.
La estrategia de La Libertad Avanza será negociar previamente con legisladores de la UCR, el PRO, Innovación Federal y otros bloques provinciales, con el objetivo de repetir los acuerdos que permitieron aprobar la primera versión de la norma en diciembre pasado. Las conversaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a los titulares de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado.
El oficialismo pretende consensuar el texto antes de que llegue al debate en comisión, ya que no cuenta con los votos suficientes para avanzar por sí solo. Con un bloque de 95 diputados, La Libertad Avanza necesita alcanzar al menos 129 legisladores para obtener quórum y aprobar la iniciativa, por lo que el apoyo de sus aliados será determinante.
En ese escenario, el Gobierno apuesta a sumar el respaldo de los diputados de Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo y La Neuquinidad, espacios que reúnen en conjunto 36 bancas. Además, no descartan incorporar el apoyo de algunos integrantes de Provincias Unidas, que anteriormente formaban parte del PRO.
La reforma busca fortalecer el régimen de Inocencia Fiscal para facilitar la incorporación al sistema financiero de los denominados “dólares del colchón”. De acuerdo con estimaciones oficiales, aún existirían alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del circuito formal, por lo que el Ejecutivo considera que la iniciativa puede contribuir a ampliar la base de contribuyentes y dinamizar la economía.
Por su parte, Unión por la Patria anticipó que impulsará modificaciones al proyecto para impedir que funcionarios públicos y personas políticamente expuestas puedan acceder a los beneficios del régimen. Esa propuesta surgió luego de la polémica generada por la utilización de la ley para rectificar declaraciones juradas patrimoniales de algunos funcionarios.
