EL FISCAL FEDERAL DE ORÁN

Era investigado y fue a juicio por vínculos con narcotraficantes en ejercicio de su cargo en la frontera salteña.

José Luis Bruno reconoció que favoreció a capos narcos durante su gestión a cargo de la fiscalía federal en Orán (Salta).

Bruno estaba complicado tras ser investigado por maniobras non sanctas y terminó firmando un acuerdo de juicio abreviado para evitar ir a prisión y renunció a su cargo.

Por el acuerdo de juicio abreviado, Bruno recibiría una pena de tres años de prisión en suspenso; que debe ser homologado por un tribunal.

El ahora exfiscal federal había sido suspendido de su cargo a mediado de 2024, al avanzar contra él la causa judicial por sus vínculos con capos narcos.

Así, Bruno llegó a la etapa de juicio acusado de delitos como prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según el expediente judicial en el que intervinieron: Eduardo Villalba, fiscal coordinador del Distrito Salta; Carlos Amad, fiscal general a cargo del Área de Transición; Diego Iglesias, fiscal federal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

José Luis Bruno fue acusado e investigado por consentir diferentes beneficios procesales otorgados ilegítimamente a la organización narcocriminal liderada por René Antonio Arancibia (conocido por el apodo de Choco) por parte del exjuez federal Raúl Reynoso, quien presuntamente realizó dicha actividad a cambio del cobro de dádivas que ascendían a 150.000 dólares”; según se desprende del expediente judicial.

Ese pago de 150.000 dólares habría sido pagado por Choco Arancibia por medio de Barakat Barakat, un comerciante de origen sirio. El dinero habría sido recibido por Arsenio Gaona, cuñado del exjuez Reynoso; informó detalladamente el diario La Nación.

Barakat Barakat y Arancibia ya habían llegado a un acuerdo de juicio abreviado por el delito de cohecho.

Arancibia admitió su responsabilidad penal como organizador y financista de una operación fallida de 93 kilos de cocaína desde Bolivia y también como autor de cohecho activo, es decir, el pago de 150.000 mil dólares; según él, repartidos entre Reynoso y Bruno.

El ex juez Raúl Reynoso, por su parte, habría decidido llegar a juicio para definir su suerte ante un tribunal.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que José Luis Bruno favoreció a narcos consintiendo beneficios procesales ilegítimos. “Tales beneficios procesales contaron con la inacción de Bruno quien, como titular de la acción pública, no ejerció el debido control ni la vía impugnativa correspondiente; habilitando de esta forma que una importante causa de narcotráfico quedara prácticamente desactivada a la espera de la prescripción”.