El Gobierno nacional envió al Congreso dos proyectos que considera centrales para su agenda económica y política: el denominado “Súper RIGI” y una nueva Ley de Lobby. Ambas iniciativas fueron presentadas por el oficialismo como herramientas destinadas a atraer inversiones y transparentar la relación entre funcionarios y sectores privados.
El “Súper RIGI” propone ampliar los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones, especialmente en sectores estratégicos como minería, energía, infraestructura y tecnología. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es generar condiciones más competitivas para atraer capitales extranjeros y acelerar proyectos de gran escala.
En paralelo, la denominada Ley de Lobby busca regular las reuniones y vínculos entre funcionarios públicos, empresarios y representantes de distintos intereses privados. El proyecto contempla la creación de registros obligatorios, mecanismos de transparencia y publicación de audiencias oficiales.
Desde la oposición surgieron cuestionamientos sobre el alcance de ambas iniciativas. Algunos sectores advirtieron que el nuevo régimen de inversiones podría otorgar beneficios excesivos a grandes empresas, mientras que otros reclaman mayores controles sobre la actividad de lobby y la relación entre el poder político y corporativo.
El oficialismo, en tanto, busca acelerar el tratamiento parlamentario de los proyectos y convertirlos en piezas clave de la estrategia económica impulsada por el presidente Javier Milei. La Casa Rosada considera que estas reformas son necesarias para consolidar la apertura económica y fortalecer la llegada de inversiones al país.
Las iniciativas comenzarán ahora su recorrido legislativo en medio de un escenario político marcado por fuertes tensiones entre el Gobierno y la oposición, negociaciones parlamentarias y debates sobre el modelo económico oficial.
