Acusado por mal desempeño en cuatro causas judiciales y un pedido de detención, un jurado de enjuiciamiento resolvió, por unanimidad, hacer lugar al pedido de allanamiento de la inmunidad constitucional del juez de Garantías N°2 de Orán, Claudio Alejandro Parisi y decidió suspenderlo de sus funciones.
De esta manera, el magistrado quedó a un paso de su detención, debido a que la unidad fiscal que lo investiga, integrada por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, había pedido su detención. Una de las acusaciones contra Parisi tiene que ver con entorpecer la investigación del homicidio del César “Oreja” Martínez, hermano del ahora ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, quien fue apresado luego de entregarse a la Justicia y también destituido.
En la resolución el tribunal dijo que “la Ley 7138 establece un trámite para allanar la inmunidad de los magistrados o funcionarios acusables ante este Jurado de Enjuiciamiento, que consiste en examinar los antecedentes acompañados y evaluar el asunto, no desde el punto de vista jurídico sino desde la política y ética en salvaguarda del prestigio, autoridad y eficiente funcionamiento de la Justicia”.
Destacó, asimismo, que “el pronunciamiento del desafuero carece de toda relevancia en la ulterior decisión judicial que ha recaer en el aludido proceso penal, pues no entraña un prejuzgamiento acerca de su inocencia o culpabilidad ni anticipa juicio alguno sobre el resultado de la referida cuestión penal; lo que revela inequívocamente que la medida reviste un evidente e inconfundible carácter político institucional, como lo tiene también el examen de los motivos en que se apoya, pues este Jurado debe limitarse a apreciar la seriedad de la imputación -lo que así se hizo- sin inmiscuirse en declaraciones de naturaleza judicial”.
El pasado 9 de septiembre, el procurador general de la provincia de Salta, Pedro Oscar García Castiella, había presentado una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el mencionado magistrado, solicitando su destitución. En ese caso, lo acusó de que el accionar del juez habría sido contrario a las exigencias legales y constitucionales propias del cargo, entendiéndose que la conducta del magistrado lesiona el servicio de justicia y deslegitima su permanencia.
En la presentación que realizó Castiella se detalla y acompaña documentación que expone el manejo irregular de varios casos por parte del magistrado, lo cual se plasmó en decisiones contradictorias, arbitrariedades en la concesión de beneficios infundados a personas imputadas por hechos graves y, en algunos casos, reiterados. Todo ello se agrava con la sospecha de que dichos privilegios procesales eran abonados en dinero, en varios casos con personas vinculadas a organizaciones criminales y narcotraficantes. Si bien los delitos de cohecho en los que se encuentra imputado Parisi forman parte de las respectivas causas penales que se encuentra en proceso, la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento no se basa en esas acusaciones, sino en el objetivo desmanejo de los casos, que resulta evidente de la sola compulsa de los expedientes que se encontraban a su cargo.
