La administración estadounidense evalúa aplicar gravámenes de hasta el 12,5% a decenas de países. Bruselas rechazó la iniciativa y la calificó como injustificada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar tensión en el comercio internacional tras impulsar una propuesta para aplicar nuevos aranceles a productos importados desde la Unión Europea, México, Canadá y otros socios comerciales por supuestas deficiencias en los controles sobre trabajo forzoso en las cadenas de producción.

La iniciativa, promovida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), contempla gravámenes del 10% para un grupo de 14 economías y tasas de hasta el 12,5% para otros 46 países, entre ellos China, India, Brasil, Japón y Corea del Sur.

Una investigación que podría afectar a 60 economías

La medida se basa en una investigación iniciada en marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta utilizada por Washington para analizar prácticas comerciales consideradas perjudiciales para los intereses estadounidenses.

Según el informe preliminar, la administración Trump considera que numerosos socios comerciales no implementan controles suficientes para evitar la importación y comercialización de bienes elaborados mediante trabajo forzoso.

De avanzar la propuesta, el nuevo esquema arancelario alcanzaría a cerca de 60 economías, generando un fuerte impacto en el comercio internacional.

Qué países serían alcanzados

La propuesta contempla un arancel del 10% para la Unión Europea, Reino Unido, México, Canadá, Taiwán y otros socios estratégicos de Estados Unidos.

En tanto, países como China, Brasil, India, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarían gravámenes más elevados, con una tasa prevista del 12,5%.

Desde la Oficina del Representante Comercial sostienen que la falta de controles efectivos genera condiciones de competencia desleal y perjudica a los trabajadores estadounidenses.

La respuesta de la Unión Europea

La reacción desde Bruselas no tardó en llegar. Autoridades de la Comisión Europea cuestionaron la iniciativa y aseguraron que la Unión Europea mantiene una política firme contra el trabajo forzoso.

El portavoz comunitario, Olof Gill, señaló que el bloque analizará las conclusiones preliminares de la investigación, aunque reiteró que considera injustificados los aranceles propuestos por Washington.

Además, recordó que en 2024 la Unión Europea aprobó una normativa que prohíbe la comercialización de productos vinculados al trabajo forzoso, independientemente de su país de origen.

Consulta pública y posibles medidas futuras

La administración estadounidense abrió un período de consulta pública que se extenderá hasta el 6 de julio, además de convocar audiencias para evaluar las opiniones de empresas, expertos y sectores afectados.

El Gobierno de Trump sostiene que la medida busca fortalecer los estándares laborales globales y evitar que las cadenas de suministro internacionales se beneficien de prácticas consideradas abusivas.

Sin embargo, especialistas advierten que una eventual implementación podría incrementar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y varios de sus principales socios económicos, en un escenario global marcado por la incertidumbre y la desaceleración del comercio internacional.