El Gobierno nacional eliminó el subsidio destinado a las empresas de transporte que trasladan gratuitamente a personas con discapacidad, una medida que generó preocupación entre familias, prestadores y organizaciones vinculadas al sector.
La decisión impacta directamente sobre el sistema que permitía cubrir los costos de traslado hacia centros de salud, rehabilitación, escuelas especiales y distintos tratamientos médicos. Desde ahora, las empresas deberán afrontar esos gastos sin asistencia estatal.
Distintas entidades advirtieron que la medida podría afectar seriamente la continuidad de muchos servicios de transporte, especialmente en provincias y zonas donde los costos operativos son elevados. Además, señalaron que muchas familias dependen exclusivamente de estos traslados para acceder a tratamientos y atención médica.
Desde el Ejecutivo argumentaron que el esquema anterior presentaba irregularidades administrativas y que se buscará implementar un nuevo sistema de control y financiamiento. Sin embargo, organizaciones del sector cuestionaron la decisión y reclamaron una solución urgente para evitar complicaciones en la atención de miles de personas.
Prestadores y transportistas también alertaron sobre una posible reducción de servicios debido al aumento de costos y a las dificultades para sostener recorridos sin apoyo económico del Estado. En algunos casos, advirtieron que podrían suspenderse viajes o disminuir frecuencias.
La medida volvió a generar debate sobre las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad y sobre el impacto económico que los recortes pueden tener en sectores que dependen de asistencia estatal para garantizar derechos básicos y acceso a la salud.
