La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Salta genera expectativas en el ámbito judicial, ya que introduce cambios importantes orientados a modernizar el sistema y agilizar los procesos. Sin embargo, también aparecen advertencias sobre posibles problemas en su implementación.
Especialistas destacan que uno de los principales avances es el impulso a la oralidad, dejando atrás el sistema basado en expedientes escritos. A partir de ahora, gran parte de las decisiones se tomarán en audiencias, lo que permitiría mayor transparencia y rapidez en la resolución de causas.
En ese sentido, también se valoran los plazos más cortos y la lógica del sistema acusatorio, que busca una justicia más dinámica. “Hace mucho tiempo que la oralidad debió implementarse”, señalaron, al remarcar que este cambio puede evitar prácticas como la concentración de causas en determinados juzgados.
No obstante, algunas voces plantean críticas. Una de las principales objeciones apunta a la igualdad entre las partes, ya que advierten que el nuevo esquema podría generar desequilibrios, especialmente en el rol de la querella frente al Ministerio Público Fiscal. “Está restringiendo derechos y no hay igualdad”, cuestionaron.
También se mencionan posibles dificultades organizativas, como la concentración de audiencias en una Oficina Judicial, lo que podría derivar en superposición de juicios o problemas operativos en la práctica.
En este contexto, el nuevo código aparece como un paso importante hacia una justicia más ágil y moderna, aunque con desafíos que deberán resolverse en su aplicación cotidiana.
