La Justicia falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino y convalidó el traslado de su sede social a Pilar, una decisión que implica que la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia dejará de estar bajo la órbita de control de la Inspección General de Justicia (IGJ) y pasará a depender de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Además, la Cámara Nacional en lo Civil declaró nula la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores en la institución.
El conflicto se había originado luego de que la AFA decidiera, en una asamblea realizada en 2024, mudar su domicilio legal desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el municipio de Pilar. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense había avalado el cambio, pero la IGJ rechazó la modificación y avanzó con una serie de medidas de fiscalización por supuestas irregularidades administrativas.
Ante esta situación, la AFA recurrió a la Justicia para cuestionar tanto la intervención de la IGJ como la designación de veedores impulsada por el Ministerio de Justicia. La entidad sostuvo que esas decisiones eran ilegítimas y respondían a motivaciones políticas ajenas a la normativa vigente. Finalmente, la Cámara Civil hizo lugar a los planteos presentados por la institución.
En su fallo, los jueces señalaron que, una vez aprobada la inscripción en territorio bonaerense, la autoridad competente para controlar la entidad pasó a ser la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. También remarcaron que la IGJ no tiene facultades para revisar decisiones adoptadas por organismos provinciales con competencia en la materia.
La resolución representa una victoria para la conducción de Tapia y deja sin efecto las medidas impulsadas desde el Gobierno nacional para supervisar el funcionamiento institucional de la AFA. Además, consolida jurídicamente el traslado de la sede y establece que la fiscalización futura quedará exclusivamente en manos de las autoridades bonaerenses.
El fallo también reaviva las tensiones entre la AFA y el Gobierno, que mantenían diferencias desde hace varios meses. Mientras la entidad celebra la decisión judicial, desde distintos sectores consideran que la disputa podría continuar en otros ámbitos administrativos y judiciales.
