El Gobierno nacional analiza una serie de alternativas legales para intentar frenar la ejecución del fallo de la Justicia de Estados Unidos que condenó a la Argentina a pagar cerca de 390 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. Tras la decisión de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, la Casa Rosada busca ganar tiempo y evitar que avance el cobro mientras continúa la disputa judicial.
La estrategia quedó en manos de la Procuración del Tesoro, que evalúa solicitar una nueva revisión ante la propia Cámara de Apelaciones, pedir que el caso sea tratado por una integración ampliada de ese tribunal o recurrir directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Paralelamente, el Ejecutivo también analiza solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta que se resuelvan esos recursos.
El litigio enfrenta al Estado argentino con Titan Consortium 1 LLC, empresa que adquirió los derechos económicos derivados del reclamo iniciado por sociedades españolas del Grupo Marsans tras la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada en 2008. La Justicia estadounidense reconoció un monto de US$390.907.115, al que deberán sumarse los intereses acumulados desde la sentencia.
El conflicto comenzó en 2009, cuando las empresas vinculadas al Grupo Marsans iniciaron un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En 2017, ese tribunal condenó a la Argentina al pago de unos US$321 millones, más intereses y costas. Dos años después, el pedido de anulación presentado por el país fue rechazado, dejando firme el laudo arbitral.
Posteriormente, Titan inició en Estados Unidos el proceso para obtener el reconocimiento y la ejecución de esa decisión. En 2024, un tribunal de primera instancia determinó que el plazo de prescripción aplicable era de doce años y no de tres, como sostenía la defensa argentina. Esa interpretación fue ratificada ahora por la Corte de Apelaciones, que dejó vigente la condena y habilitó el avance del reclamo económico.
En el Gobierno sostienen que la prioridad es impedir que el fallo facilite eventuales embargos sobre activos argentinos en territorio estadounidense o que fortalezca otros reclamos internacionales pendientes. Mientras define cuál será el próximo paso judicial, la Casa Rosada busca reducir el impacto financiero de la sentencia y mantener abierta la posibilidad de revertir o demorar su ejecución.
