La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En una carta abierta, sostuvo que el fallo responde a un proceso de “proscripción política” y denunció que se vulneraron garantías fundamentales durante el proceso judicial.
En el documento, titulado “El costo democrático de la politización de la justicia”, la exmandataria afirmó que la condena no solo afecta sus derechos individuales, sino también el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes. Según su planteo, la inhabilitación perpetua constituye la verdadera sanción buscada y la calificó como una herramienta destinada a excluirla de la competencia electoral.
La presentación internacional se produce luego de que quedaran agotadas las instancias judiciales en la Argentina. El equipo de abogados de Cristina Kirchner recurrió al organismo de la ONU con el objetivo de que analice si durante el proceso se incumplieron disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que el país es parte.
Para esta nueva estrategia jurídica, la defensa incorporó a los juristas internacionales Rafael Valim, de Brasil, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes acompañarán a los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy en la presentación del caso ante el organismo internacional. Además, brindarán una conferencia de prensa para explicar los fundamentos del reclamo.
En su carta, la exjefa de Estado también cuestionó el accionar del Poder Judicial, denunció una supuesta utilización política de la Justicia y afirmó que el caso representa un ejemplo de “lawfare”. Asimismo, vinculó su situación judicial con un contexto de persecución política y sostuvo que la decisión de acudir a la ONU busca defender principios democráticos y derechos fundamentales.
La intervención del Comité de Derechos Humanos de la ONU no implica la revisión automática de la sentencia dictada por la Justicia argentina, sino la evaluación de la denuncia presentada por la defensa respecto de posibles violaciones a los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de derechos humanos. El organismo podrá analizar el caso y, eventualmente, emitir recomendaciones una vez concluido el procedimiento.
