La fiscalía pidió condenas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes. Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los representantes del Ministerio Público sostuvieron que la tragedia era previsible y que pudo haberse evitado.  

Los fiscales solicitaron las penas más severas, de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y el excapitán de navío Claudio Villamide. Ambos fueron señalados como responsables de autorizar operaciones pese a las deficiencias técnicas y limitaciones que presentaba la embarcación.  

Además, el Ministerio Público requirió una condena de cuatro años para Héctor Aníbal Alonso y otra de tres años y seis meses para Hugo Miguel Correa. Según la acusación, todos los imputados conocían el estado del submarino y no adoptaron las medidas necesarias para evitar poner en riesgo a la tripulación.  

Durante los alegatos, los fiscales remarcaron que el ARA San Juan había superado los plazos reglamentarios para tareas de mantenimiento e inspección y que se priorizó la continuidad de las operaciones por encima de las revisiones de seguridad. También sostuvieron que existían advertencias previas sobre las condiciones técnicas del submarino que no fueron atendidas.  

La fiscal María Garmendia sostuvo que el desenlace era predecible y que los acusados incurrieron en una violación de los deberes de cuidado que les correspondían por sus funciones. Para la acusación, el hundimiento no fue un hecho fortuito, sino el resultado de una cadena de decisiones y omisiones que terminaron en una de las mayores tragedias de la historia reciente de las Fuerzas Armadas argentinas.  

Concluidos los alegatos de la fiscalía, el juicio entra en su etapa final. En las próximas semanas será el turno de las querellas y de las defensas, antes de que el Tribunal Oral Federal dicte sentencia sobre las responsabilidades penales por el hundimiento del submarino.