Un nuevo informe del Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas (CAIR) reveló que en 2025 se registraron 8.683 denuncias de discriminación o ataques contra musulmanes y árabes en Estados Unidos, superando las 8.658 reportadas en 2024. La organización vinculó este incremento con las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump y con el clima social generado por las protestas propalestinas en universidades y espacios públicos.
El reporte detalla que los casos incluyen discriminación laboral (12,7%), problemas relacionados con inmigración y asilo (6,5%), incidentes de odio (6,4%) y situaciones de discriminación en viajes, como controles especiales o inclusión en listas de vigilancia (5,6%).
Defensores de derechos civiles sostienen que este aumento responde a factores históricos y políticos, entre ellos los efectos persistentes tras los atentados del 11 de septiembre, el crecimiento de discursos antiinmigración, el avance de grupos supremacistas y las tensiones derivadas de la guerra entre Israel y Gaza.
El informe también cuestiona las medidas migratorias impulsadas por la administración Trump, que rechaza las acusaciones de discriminación y sostiene que sus políticas buscan reforzar la seguridad nacional. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que estas acciones pueden vulnerar garantías de debido proceso y generar un clima hostil hacia comunidades específicas.
Uno de los puntos más sensibles del informe es el aumento de denuncias en Minnesota, donde la comunidad somalí-estadounidense fue señalada públicamente por el mandatario. La filial local de CAIR registró 693 denuncias en 2025, casi el doble que el año anterior.
El documento también menciona un incremento de tensiones contra inmigrantes afganos, tras un caso policial que generó repercusión nacional, y detalla controversias legales por intentos de deportación de manifestantes propalestinos. Entre ellos, los casos de Mahmoud Khalil y Leqaa Kordia, que enfrentaron detenciones prolongadas y situaciones de vulnerabilidad extrema.
La respuesta del gobierno a las protestas propalestinas también generó críticas. La administración Trump impulsó medidas como intentos de deportar manifestantes extranjeros, amenazas de retirar fondos federales a universidades y controles más estrictos sobre publicaciones en redes sociales de inmigrantes. Organizaciones estudiantiles y grupos judíos progresistas sostienen que estas acciones confunden críticas a la política militar de Israel con antisemitismo.
El informe agrega que los gobernadores de Florida y Texas firmaron órdenes designando a CAIR como organización “terrorista”, decisiones que derivaron en demandas judiciales. Un juez federal bloqueó la orden en Florida, mientras continúan las disputas legales en ambos estados.
