A casi tres años del crimen en el barrio El Tipal, comienza el juicio contra el abogado José “Jota” Figueroa. Declararán más de 80 testigos y el debate se extenderá hasta mayo.
Este 1 de abril comienza en Salta el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, asesinada en 2023 en el barrio privado El Tipal. El único acusado es su esposo, el abogado José Eduardo Figueroa, quien llega al debate detenido con prisión preventiva.
El imputado está acusado de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género”, una figura que prevé la pena de prisión perpetua. El juicio oral se extenderá, en principio, hasta el 4 de mayo y contará con la declaración de más de 80 testigos, entre familiares, vecinos, efectivos policiales y peritos.
El tribunal estará integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, tras el apartamiento de la magistrada Norma Beatriz Vera.
La recusación fue impulsada en 2025 por la fiscal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, quien advirtió un posible prejuzgamiento por parte de la jueza durante una audiencia previa. Según argumentó, sus declaraciones podrían haber comprometido la imparcialidad del proceso y abrir la puerta a eventuales nulidades.
El crimen
Kvedaras, de 37 años, fue hallada sin vida el 4 de agosto de 2023 en su vivienda. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica mixta —una combinación de estrangulamiento y sofocación— en un ataque prolongado que le impidió defenderse.
El informe forense detectó más de 40 lesiones en el cuerpo, lo que reforzó la hipótesis de un episodio de violencia extrema y sostenida. La investigación también registró antecedentes de celos, control y hostigamiento dentro de la relación.
Figueroa permanece detenido desde el momento del hecho, luego de que la Justicia rechazara distintos pedidos de su defensa para obtener el arresto domiciliario.
Un proceso con dilaciones
La causa llega a juicio tras un extenso recorrido judicial marcado por planteos de la defensa, entre ellos impugnaciones al sistema de oralidad y pedidos de morigeración de la prisión preventiva por cuestiones de salud.
Uno de los puntos más controvertidos fue la propuesta —finalmente retirada— de realizar una “autopsia psicológica” sobre la víctima, cuestionada por la fiscalía y la querella por considerarla revictimizante.
Las sucesivas recusaciones y excusaciones demoraron la conformación del tribunal, lo que postergó el inicio del juicio hasta este 2026.
