La iniciativa propone un nuevo sistema alineado con el Mercosur. El oficialismo asegura que reducirá costos y simplificará las etiquetas, mientras se abre un nuevo debate sobre la información nutricional para los consumidores.
El Gobierno nacional impulsó un proyecto de ley para derogar la actual Ley de Etiquetado Frontal, vigente desde 2021, y reemplazarla por un nuevo sistema de información nutricional alineado con los estándares del Mercosur. La iniciativa propone eliminar los tradicionales octógonos negros que advierten sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías en los alimentos industrializados.
El proyecto fue presentado en el Congreso por los diputados nacionales Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni, en el marco del proceso de desregulación que promueve la administración nacional. Según los impulsores de la propuesta, la normativa vigente no logró cumplir plenamente con el objetivo de brindar información clara al consumidor ni de fomentar hábitos alimentarios más saludables.
Entre los principales argumentos, sostienen que el sistema actual utiliza criterios de evaluación que generan dificultades para la industria alimentaria, complican la reformulación de productos y encarecen los procesos productivos. Además, remarcan que Argentina mantiene requisitos distintos a los de otros países de la región, lo que obliga a muchas empresas a fabricar envases diferenciados para exportar.
La iniciativa plantea avanzar hacia un modelo unificado con el Mercosur, similar al que aplican países como Brasil, Uruguay y Chile, basado en parámetros fijos por cada 100 gramos o mililitros de producto. Para los autores del proyecto, este esquema resulta más simple, transparente y comparable para los consumidores.
La eventual derogación de la ley actual también implicaría revisar otras restricciones vigentes. Actualmente, los productos que exhiben sellos de advertencia no pueden utilizar personajes infantiles, realizar promociones dirigidas a menores ni contar con determinados avales científicos. Además, su comercialización en establecimientos educativos se encuentra limitada.
Otro de los puntos cuestionados por los impulsores del cambio es la obligatoriedad de incluir advertencias específicas por la presencia de cafeína o edulcorantes, independientemente de la cantidad contenida en el producto. Consideran que esto puede generar mensajes excesivos y dificultar una correcta interpretación de la información nutricional.
Desde el oficialismo sostienen que la armonización con las normas regionales permitirá simplificar regulaciones, mejorar la competitividad de las empresas argentinas y reducir costos tanto para productores como para consumidores. Sin embargo, el proyecto ya anticipa un intenso debate entre especialistas en salud pública, organizaciones de consumidores y representantes de la industria alimentaria.
La propuesta deberá ahora comenzar su tratamiento legislativo en el Congreso, donde se analizarán sus alcances y el impacto que podría tener sobre la política alimentaria y el derecho a la información de los consumidores.
