El jefe de Gabinete presentó su declaración jurada 2025 y respondió a las críticas por su patrimonio. Aseguró que parte de sus ahorros provienen de inversiones realizadas años atrás y de fondos que no habían sido declarados.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este miércoles su declaración jurada correspondiente al período 2025 y respondió públicamente a los cuestionamientos surgidos en torno a la composición de su patrimonio.
Durante una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que la situación generó controversias por el origen y la registración de parte de sus ahorros personales y aseguró que toda la documentación fue presentada ante los organismos correspondientes.
Según explicó, además de la declaración jurada actual, también realizó presentaciones rectificativas vinculadas a ejercicios anteriores ante la Oficina Anticorrupción.
La explicación sobre sus ahorros
Al referirse al origen de los fondos cuestionados, Adorni sostuvo que parte del patrimonio proviene de ahorros acumulados durante años y que esos recursos no habían sido formalmente declarados.
En ese contexto, afirmó que también obtuvo ganancias a partir de inversiones realizadas en criptomonedas hace más de una década.
De acuerdo con su versión, realizó una inversión inicial cercana a los 200 mil dólares que posteriormente generó rendimientos superiores.
El funcionario sostuvo que, con el paso del tiempo y tras convertirse en padre, decidió adoptar un perfil financiero más conservador y dejar de operar con ese tipo de activos.
Respaldo político y respuesta a las críticas
Adorni también rechazó las acusaciones recibidas en los últimos días y afirmó que atravesó el episodio con respaldo del Gobierno nacional.
Según expresó, recibió apoyo del presidente Javier Milei, de integrantes del gabinete y del entorno presidencial.
Además, sostuvo que las críticas exceden su situación personal y están vinculadas al contexto político actual.
Debate político y transparencia
La presentación de la declaración jurada abrió un nuevo debate político sobre los mecanismos de control patrimonial de funcionarios públicos y sobre el alcance de las declaraciones de bienes.
En paralelo, sectores de la oposición plantearon cuestionamientos respecto de los criterios aplicados para regularizar patrimonios y reclamaron mayores precisiones sobre los procedimientos de control.
Por el momento, el caso continúa dentro del plano político y administrativo, mientras se mantiene el intercambio de posiciones entre oficialismo y oposición.
