El Gobierno nacional impulsa un proyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, una iniciativa que encendió la preocupación entre librerías, editoriales y representantes del sector cultural. La norma, vigente desde 2001, establece un precio único para la venta de libros en todo el país con el objetivo de evitar prácticas comerciales que perjudiquen a las librerías independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta.
La propuesta forma parte de un paquete de reformas elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. El Ejecutivo sostiene que la eliminación de esta regulación favorecerá la libre competencia y permitirá un mercado más flexible, aunque el proyecto todavía deberá ser debatido en el Congreso Nacional.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) advirtieron que la derogación de la ley podría generar una fuerte concentración del mercado editorial. Según explicaron, la normativa garantiza que un libro tenga el mismo precio sin importar si se vende en una librería de barrio, una gran cadena comercial o una plataforma digital, evitando que los pequeños comercios compiten en desventaja mediante descuentos que no pueden afrontar.
Los referentes del sector sostienen que la desaparición del precio único abriría la puerta al ingreso de grandes operadores internacionales con capacidad para ofrecer rebajas permanentes, lo que pondría en riesgo la continuidad de numerosas librerías independientes. Además, alertan que una mayor concentración del mercado podría reducir la diversidad editorial y dificultar la difusión de autores y editoriales de menor escala.
La Ley de Defensa de la Actividad Librera fue sancionada hace casi 25 años con el respaldo de libreros, editoriales, autores e ilustradores. Desde entonces, el sector considera que la norma permitió sostener una amplia red de librerías en todo el país y preservar la diversidad en la oferta de títulos, evitando que las reglas del mercado quedarán dominadas exclusivamente por grandes empresas.
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como parte de su política de desregulación económica, cámaras empresarias y organizaciones vinculadas al mundo del libro anticiparon que buscarán frenar el proyecto durante el debate parlamentario. El sector asegura que la eliminación de la ley no solo afectaría a las librerías, sino también a toda la cadena de producción y comercialización del libro en la Argentina.
